La Fiscalía General de la República (FGR) sufrió una derrota en el caso considerado el de mayor corrupción del Poder Judicial, relacionado con la suma de 432 millones de pesos.
El ex secretario de acuerdos, Esiquio Martínez Hernández, inicialmente acusado en 2011 de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, salió en libertad después de pasar 10 años en prisión debido a errores en el proceso judicial. El juez determinó que el entramado de corrupción no se probó o simplemente no existió.
La información revela que el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) desempeñó un papel clave en el caso, ya que sin su denuncia, la entonces Procuraduría General de la República no habría actuado.
Este revés judicial plantea cuestionamientos sobre la eficacia de los procesos legales y la capacidad de las autoridades para abordar casos de corrupción, generando preocupaciones sobre la integridad del sistema de justicia.
