La Comisión Permanente del Congreso declaró la constitucionalidad de la reforma conocida como Ley 3 de 3 contra la violencia, la cual impide a agresores sexuales, deudores de pensión alimentaria o quienes hayan ejercido violencia familiar, acceder a cargos en el servicio público.
Después de que 23 congresos locales aprobaran esta reforma constitucional a los artículos 38 y 102 en materia de suspensión de derechos para ocupar cargos, empleos o comisión del servicio público, se dio la declaración oficial de la Ley 3 de 3.
Es importante destacar que esta reforma no solo es un avance en la lucha contra la violencia de género, sino que también es un paso hacia la promoción de la igualdad de género en la política y en el servicio público.
Esta medida envía un mensaje claro de que la violencia no será tolerada y que aquellos que han cometido actos de violencia no tendrán acceso a puestos de poder.
