La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) anunció la suspensión de 83 personas que se desempeñaban como capacitadores o supervisores electorales debido a su militancia partidista, lo cual constituye un impedimento legal para ejercer dichas funciones.
Esta medida eleva a más de mil el número de personas en la misma situación, aunque los consejeros aseguran que no afectará las labores electorales, a pesar del aumento en la carga de trabajo para cada enviado del INE.
La Unidad Técnica de lo Contencioso reveló que los partidos políticos presentaron evidencias electrónicas de afiliaciones preliminares que identifican a los suspendidos como militantes, lo que motivó la decisión de la Comisión.
Por tanto, se votó a favor de impedirles continuar en sus cargos hasta que se resuelva el fondo de los asuntos, garantizando así los principios de imparcialidad e independencia en los órganos electorales.
